En los últimos años, el Estado español ha experimentado un aumento
significativo en el número de solicitudes de asilo presentadas por
ciudadanos colombianos. Este fenómeno refleja las complejas y difíciles
circunstancias que muchos colombianos y colombianas enfrentan en su
país de origen, marcadas por la violencia, la persecución y la crisis de
derechos humanos en el marco del conflicto armado. A pesar de los
desafíos que enfrentan en su búsqueda de refugio, miles de solicitantes
de asilo continúan llegando al Estado español con la esperanza de
encontrar seguridad y protección.
En 2023, las personas provenientes de Colombia representaron una de
las nacionalidades con más solicitudes de protección internacional en
el Estado español, debido a la persistencia de la violencia y el conflicto
armado, a la persecución política y social de defensores y defensoras
de Derechos Humanos, a la violencia basada en el género que sufren
las mujeres y las personas LGTBI, a las amenazas contra la vida y la
integridad física y, en general, a las violaciones graves de los Derechos
Humanos que continúan produciéndose en el país.
Esta guía práctica ha sido diseñada especialmente para personas
colombianas que necesitan salir del país en búsqueda de protección
internacional y tiene como principal objetivo proporcionar información
clara y accesible sobre el proceso de solicitud de asilo en el Estado
español, sus derechos y obligaciones, y los recursos disponibles para
apoyar a quienes necesitan protección fuera de Colombia. Defendemos
el derecho de todas las personas a permanecer en sus territorios en
condiciones que permitan una vida digna, lo que implica apoyar a las
personas defensoras y a los procesos organizativos de base; al tiempo que
defendemos el derecho de todas las personas a la libre circulación y, en
especial, a solicitar protección internacional en caso de ser perseguidas
y verse obligadas a abandonar su país.
Esta guía ha sido elaborada por la Comisión Catalana de Acción por
el Refugio (CCAR) en marco del proyecto “Víctimas de criminalidad
estatal garantizan sus derechos a partir de un enfoque diferencial de
género en un contexto propicio para la vida y la paz en Colombia”,
liderado por el Colectivo Maloka, con el apoyo de la Intersindical
y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD) de la Generalitat de Cataluña.