Este informe es un intento de recoger décadas y décadas del impacto ambiental y social del Oleoducto Transandino (OTA) sobre el pueblo awá.
En un contexto de un territorio en disputa, en guerra permanente, el pueblo awá lucha por su pervivencia enfrentándose a violaciones constantes a los DDHH y al DIH.
El pueblo awá es binacional, y habita las repúblicas de Colombia y Ecuador. La UNIPA, en el departamento de Nariño (Colombia) agrupa a 32 resguardos indígenas, unos 22 mil indígenas awá, que se niegan a hacer desaparecer sus otras formas de ver y habitar este mundo. Desde el Colectivo Maloka y el Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas (OADPI) venimos desde el 2009 acompañando esta lucha, y entendemos que no debe ser solo del pueblo awá ni de los pueblos indígenas, y que, en un momento de emergencia climática, esta lucha debe ser global.
El pueblo awá ha logrado que el Katsa Su, su territorio, sea reconocido sujeto de derechos como sucedió en el marco del macro caso 002 de la JEP. Esto implica entender que el territorio no es un perímetro, sino algo integral que engloba seres humanos y no humanos como plantas, animales o los espíritus awá. Es reconocer otras fuentes de derecho desde las cosmovisiones propias de los pueblos y debería conllevar a concertar otras formas de reparación más allá de indemnizaciones económicas y compensaciones, incluso pensar cómo reparar a esa integralidad que significa el Katsa Su, más allá de los seres humanos.
Los ríos son espacios sagrados y centrales en la espiritualidad del pueblo awá, vinculados a menudo con la idea de purificación. Cuando se contaminan, se desarmoniza todo el Katsa Su. Eso es lo que lleva provocando el OTA, un oleoducto que atraviesa el territorio awá y que representa las lógicas del paradigma neoliberal del progreso. En este informe tratamos de explicar una trama que pasa por la empresa dueña, ECOPETROL, que se desentiende posteriormente creando una filial, CENIT, que no asume las responsabilidades del paso del crudo por territorios indígenas. Los sabotajes, las diferentes formas que han encontrado las economías ilegales de perforar el tubo para robar petróleo, han tenido graves impactos socioecológicos que nadie asume, ni el Estado ni los gobiernos del norte consumidores de esta fuente de energía basada en hidrocarburos.
Con este informe nos sumamos así al caminar de la creación del Observatorio de desplazamiento forzado por vulneraciones de derechos medioambientales impulsado por CCAR en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Ambiental y el CER Migraciones entre otras organizaciones.
Versión en castellano para descargar
Versió en català per descarregar
