Según un informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en los territorios del país, realizado por Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, a lo largo de este año, 124 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia.
Si se contabilizan los homicidios cometidos contra líderes en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las Farc, la cifra se torna aún más preocupante. Según los registros de Indepaz, desde diciembre de 2016, 295 defensores han sido asesinados en el país, es decir que en promedio se registró una muerte cada cuatro días.
No obstante, en la primera semana de Julio, nueve líderes sociales fueron asesinados en los departamentos de Chocó, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Córdoba y Nariño.
De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), las cifras evidencian que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos “siguen siendo una expresión del déficit crónico del Estado” e insisten en que a pesar de que el Gobierno ha acordado una serie de medidas para el ejercicio de la oposición política y la labor de defensa de los Derechos Humanos, a la fecha estas no han sido lo suficientemente efectivas.
Para Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, “los mecanismos de autoprotección, como la Guardia Indígena y Campesina, son los únicos que realmente han funcionado y neutralizado a los grupos que atentan contra las comunidades”, no obstante, agrega que después de las elecciones presidenciales del 17 de junio, 24 líderes han sido asesinados.
“Las campañas políticas utilizan voceros a nivel regional o local, hay muchos enemigos de la paz o de alguna de estas campañas que se van en contra de los líderes”, manifiesta Gónzales.
El informe revelado por estas organizaciones, segura que el 81,5 por ciento de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, Juntas de Accion Comunal o étnicas. También expresa que los conflictos por tierras y recursos naturales (minería, cúltivos ilícitos) serían en un 83,19 por ciento de los casos el principal motivo de los asesinatos.
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) sostiene que la presencia de grupos armados como el Eln y organizaciones criminales en las antiguas zonas de influencia de las Farc, buscando controlar las economías ilegales, ha tenido un impacto negativo en los derechos de los habitantes. Y añade que aunque la Fiscalía ha avanzado en la identificación de los autores materiales de algunos crímenes, en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados.
“No solo basta con reconocer a los autores materiales del hecho, sino también a los que están detrás”, afirma Leonardo González, de Indepaz, y menciona que es necesario que el Estado ataque el problema en su totalidad, es decir, “no solamente enviando miembros de la Fuerza Pública, sino solucionando temas de salud, infraestructura y educación”.
A pocos meses de finalizar el 2017, el Gobierno emitió el decreto 2252, en el cual dice que los “primeros respondientes” de líderes y defensores serán las gobernaciones y las alcaldías locales. Las administraciones deben crear mecanismos para “evitar consumación de situaciones de riesgo que afecten” a los líderes y defensores, a eso se le incluye la promoción del desarme voluntario y el rechazo del uso de armas.
Por ahora, Indepaz, la Cumbre Agraria y Marcha Patriótica sostienen que las dificultades actuales del Proceso de Paz exigen nuevas respuestas para frenar las agresiones que se han presentado en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios más críticos del país.
Informe Derechos Humanos